La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aprobada en 2006, fijaba criterios generales para la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones (art 33) y delegaba al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) la determinación del modelo específico de copago en las prestaciones de la dependencia. Casi dos años después de la entrada en vigor de la Ley, el 27 de Noviembre de 2008, el Consejo Territorial alcanzó el Acuerdo sobre dicha materia, el cual fue publicado mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008. Este primer Acuerdo fue modificado por otro, publicado como Resolución de 13 de Julio de 2012, que introduce modificaciones sustanciales al modelo de copago acordado previamente. Según la exposición de motivos de la Resolución de 13/7/2012 esta reforma se realiza por la necesidad de establecer un desarrollo normativo mínimo, común y homogéneo que permita una aplicación coherente en todo el Estado de la normativa de la dependencia a fin de contribuir a garantizar el principio de igualdad.

 

Sin embargo,la nueva reforma desembocó en diecisiete modelos diferentes de copagos, se rompía el principio de igualdad que exponía la propia resolución, tal y como explica Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps: “La regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema. Si la participación es muy desigual, tendremos que plantearnos si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. Creo que el que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que "copaga" una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”.

 

 

Ya en 2009, el CERMI presentó un recurso contencioso contra el primer acuerdo del Consejo Territorial y en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo daba la razón al CERMI y confirmaba así una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nulo el acuerdo del Consejo Territorial. El CERMI, entonces, exponía su esperanza en que el nuevo Gobierno impulsara la adopción de una norma reglamentaria estatal, con rango normativo adecuado, que regulase tanto la capacidad económica como los criterios de participación en el coste por parte de los beneficiarios del SAAD.

 

En diciembre de 2012 el CERMI convoca una marcha bajo el lema SOS Discapacidad, en la que se declaran al borde del colapso por los efectos de la crisis económica en el sector. El manifiesto hace referencia también a "la generalización por parte de las Administraciones del copago, esa especie de robo con fuerza, que impide o aleja a las personas con discapacidad y sus familias de las prestaciones sociales por falta de recursos suficientes para afrontarlo". 

 

Pero la normativa permanece como estaba y su aplicación sigue sembrando desigualdad y pobreza en muchas personas con discapacidad con escasos recursos. La comunidad valenciana será la que concentre las mayores protestas al aplicar un copago más injusto y sufrir una serie de decisiones políticas que la señalan como la peor comunidad de nuestro país para el sector de la discapacidad. 

 

Las injusticias y desigualdades que acompañan al copago se van repartiendo por todo el territorio, se extienden poco a poco entre los beneficiarios, que asisten a un recorte cada vez mayor de servicios y derechos. Pasa el tiempo y las cosas no cambian, empeoran si acaso. El sector de la discapacidad no se conforma y estudia y prepara las bases de su defensa, incluso de su exigencia para que la situación termine. Inés de Araoz trabaja en esta cuestión y elabora el estudio 'La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia', donde se demuestra la desigualdad territorial y por lo tanto, la desigualdad en los derechos de los ciudadanos. 

 

El informe de Araoz concluye que “el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha sufrido a nivel estatal reformas de gran calado, siendo las últimas siempre en sentido restrictivo. Se podría decir que hay una tendencia continuada a una cobertura cada vez menor del Sistema”.

 

 

En el año 2014 el CERMI Comunidad Valenciana protagoniza una serie de movilizaciones en protesta por la difícil situación y por la actitud de la Generalitat, que recurre la sentencia que anula el copago y retrasa así su aplicación. El CERMI CV exige a la Generalitat Valenciana que cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el copago y manifiesta su estupor e indignación en boca del presidente de la entidad, Joan Planells: "el copago que ha hecho la Generalitat es incautatorio y deja a las personas sin margen para la autonomía personal, por lo que estamos pidiendo que se acaten las sentencias y que no se aplacen los problemas, permitiendo que las cantidades que se han cobrado indebidamente se recuperen".

 

En diciembre de 2014, coincidiendo con el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el CERMI anuncia la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar la Ley de Dependencia y establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. Así lo expone en el manifiesto que hace público ese día. 

 

Pocos días después, y regresando de nuevo al territorio valenciano, el CERMI anuncia recurso de inconstitucionalidad contra la tasa del copago y advierte de que la Comunidad valenciana está en estado de alarma social. 

 

 

Coincidiendo con el comienzo de año 2015, todo el sector social de la discapacidad se movilizará para la consecución de las 500.000 firmas necesarias para que prospere la iniciativa legislativa popular de modificación del copago y pueda llegar al Congreso de los Diputados para su admisión en su caso y posterior debate. "Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio", es el lema principal de la campaña de opinión para la captación de firmas puesta en marcha por el CERMI.

 

La apuesta es firme y desde sus comienzos se decide afrontar la tarea con mucha voluntad y un trabajo serio. Entre las primeras acciones que se toman, destaca la de aprovechar las oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías y lanza una plataforma 'online' para recabar firmas. Dicha plataforma se aloja en la web del CERMI y ofrece toda la información necesaria sobre la campaña, incluso la posibilidad de la firma electrónica.

 

La decisión la toma el CERMI como entidad estatal y la explica su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista publicada en el boletín semanal, donde asegura: "La ILP podría ir sobre muchos aspectos de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia que no nos gustan y que durante estos siete años se han demostrado ineficaces, pero lo hemos querido centrar en un único punto, que quizás es el que más rechazo y el que más insatisfacciones está produciendo, que es del copago. El CERMI lo admitió en un principio en una muestra de madurez y de corresponsabilidad, pero siempre que tuviera criterios de equidad y de justicia y que nunca supusiera la compra de un derecho. La ley sólo hablaba de copago, pero dejaba su regulación en manos del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, y las distintas formas de aplicación del copago han generado situaciones injustas y frustración entre las personas con discapacidad".

 

Como muestra del respaldo de todo el sector a esta campaña, los presidentes de las principales entidades que componen el CERMI explican brevemente las razones que les llevan a participar de esta iniciativa. Algunas de sus afirmaciones, claras y contundentes, son: "El copago solo puede ahondar esta brecha social"; "el copago supone una vulneración de derechos"; "decimos NO al copago confiscatorio porque como país, no podemos renunciar al Estado del Bienestar"; "un copago excesivo, injusto, desigual y casi arbitrario"; "el actual sistema de Copago en la Ley afecta de manera hiperexigente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad"; "un copago excesivo resulta confiscatorio para las economías de las personas con discapacidad y lesivo para su dignidad"; “la falta de equidad en la aplicación de los criterios de copago en el territorio español es un incumplimiento del espíritu de la Ley y una vulneración del derecho"...

 

Y en reconocimiento a la resistencia de la Comunidad valenciana y la complicada situación que arrastran sus ciudadanos con discapacidad, el presidente del CERMI se traslada hasta allí para realizar la presentación de la campaña: “Hemos elegido la Comunidad Valenciana para esta presentación porque tiene el triste honor de ser la línea de fuego y el frente de la trinchera de la lucha por nuestros derechos, ya que es la comunidad autónoma donde en peor situación se encuentran los derechos y el bienestar del colectivo”.

 

También de tierras valencianas proviene un firme alegato a favor de esta campaña, se trata de un artículo de opinión del presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Joan Planells, en el que explica el porqué de una iniciativa legislativa popular y anima a la población civil a secundarla, al mismo tiempo que agradece su colaboración: "hemos comenzado a recopilar firmas y tenemos que empezar agradeciendo a la sociedad civil la cantidad de voluntarios que nos están surgiendo para buscar firmantes entre sus amigos, parientes, compañeros de trabajo, etc."

 

Todo el sector de la discapacidad en cada de sus territorios autonómicos se vuelca en esta campaña y ya en junio de 2015 se habían recogido 452.911 signaturas, un 90,5 por ciento del global necesario fijado por la Ley. Se trata de "una movilización sin precedentes en un sector estrictamente social como el de la discapacidad", tal y como expresa el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en un escrito publicado en este medio.

 

Además de las entidades que componen el CERMI, en poco tiempo se suman a la campaña los CERMIS Autonómicos y entidades afines, o simpatizantes, como puede ser la Plataforma del Tercer Sector. Y también en apenas unas semanas comienzan las adhesiones o firmas públicas de personalidades de todo el país y de todos los ámbitos (político, cultural, deportivo...), pero sobre todo del estamento político. Entre muchos otros, estampan su rúbrica Conxita Tarruella, de las primeras, Laura Seara, Javier Mariscal, Pedro Sánchez, Emiliano García Page, Alberto Garzón, Luis García Montero, Manuela Carmena, Teresa Perales, Ana Pastor, Yannis Vardakastanis... y universitarios de Madrid o de Navarra, Valencia y muchas otras ciudades... junto a miles de personas anónimas de todo el país que han ido sumando durante estos once meses hasta lograr el pasado mes de noviembre las 738.577 firmas que el CERMI presentó en la Oficina del Censo Electoral.